El director general de Ayudas Sociales, Francisco de Asís González, ha comparecido ante las Cortes de Aragón para detallar las líneas de actuación de su dirección durante la legislatura. Durante su intervención, ha puesto el foco en la necesidad de que la acción social del Ejecutivo autonómico se desarrolle siempre dentro estrictamente del marco legal establecido.
El cumplimiento de la ley como eje del gasto público
Durante su discurso, el responsable autonómico ha señalado que ninguna administración puede emplear fondos públicos para respaldar o premiar comportamientos que se sitúen fuera de la legalidad vigente. En este sentido, ha recordado que la acción social se sufraga gracias a las aportaciones fiscales de los ciudadanos, por lo que debe regirse por criterios de rigor y respeto al Estado de derecho.
Asimismo, ha manifestado que «los españoles no pueden ser los últimos» a la hora de recibir inversiones destinadas al gasto social. Según ha explicado, la actuación de su departamento se basará en el cumplimiento de la norma, la racionalización de los recursos públicos y el sentido común como principal prioridad.
Arraigo y legalidad en las ayudas
El director general también ha matizado que las prestaciones destinadas a la protección social no deben entenderse como una simple limosna o un mero trámite administrativo, sino como un compromiso directo con la persona vulnerable para demostrar que el Estado social no es fallido.
No obstante, ha remarcado que la legislación vigente permite y exige priorizar a aquellos ciudadanos que cumplen con la legalidad. «Se debe primar a quienes residen legalmente en España y tiene un arraigo real, demostrable y leal con nuestro Estado de derecho», ha argumentado, añadiendo que la justicia social y el sentido común impiden equiparar a un residente legal con quien se ha asentado en el país de forma irregular.
Foto: Gobierno de Aragón
