El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) encara el próximo ejercicio con perspectivas económicas récord. La institución dispondrá de un presupuesto de 1.075.000 euros durante el año 2027, lo que representa la cifra más elevada desde su fundación en el año 1999. Este incremento supone inyectar 200.000 euros adicionales con el propósito de asegurar la continuidad de una herramienta clave para la estabilidad en el ámbito laboral.
Crecimiento de la actividad y apoyo institucional
Durante su visita oficial a la sede de la entidad, la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, puso en valor la “profesional y valiosa” tarea que desempeña la plantilla del organismo, señalando que contribuye de forma directa “a reducir la conflictividad laboral y mejorar la paz social en el territorio”. Asimismo, la responsable autonómica recordó que el SAMA representa una entidad de referencia imprescindible cuya trayectoria merece un reconocimiento generalizado.
La necesidad de esta ampliación en las cuentas autonómicas responde al notable repunte de asuntos gestionados desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2021, una situación que había generado tensiones financieras en el ente. Solo en el año 2025, el servicio batió marcas históricas al tramitar 10.200 reclamaciones individuales, rebasando por primera vez el listón de los diez mil casos. Esta elevada carga de trabajo ha continuado a lo largo de 2026, contabilizando 9.400 expedientes individuales hasta la segunda mitad del mes de octubre, lo que se traduce en un millar más que en el mismo tramo del ejercicio previo.
Altos índices de resolución de conflictos
Más allá del volumen de expedientes, los datos reflejan una notable efectividad en la solución amistosa de los diferendos. Durante 2025, el 75% de los procedimientos individuales cerraron con pacto entre las partes. Por su parte, los expedientes colectivos tramitados en lo que va de 2026 han alcanzado un porcentaje de avenencia del 83% sobre un total de 134 actuaciones.
Desde su creación hace más de dos décadas, el organismo participado por los agentes sociales y la Dirección General de Trabajo ha prestado cobertura a cerca de dos millones de empleados y 360.000 compañías aragonesas. Su intervención ha permitido tramitar unos 177.000 expedientes individuales —de los cuales la gran mayoría, 143.000, versan sobre despidos— y más de 3.000 procedimientos colectivos. Los datos estadísticos muestran que el 76% de los pleitos por despido logran cerrarse mediante pacto, y que en la última década y media su mediación ha evitado la pérdida de aproximadamente 13 millones de horas de trabajo por huelgas, generando un ahorro económico estimado en 11,2 millones de euros.
Foto: Gobierno de Aragón