El Gobierno de Aragón ha reafirmado su firme apuesta por el sistema judicial con un incremento presupuestario que elevará la cuantía destinada a esta materia hasta los 99,47 millones de euros de cara al año 2027, lo que supone una subida del 3,83 %. Así lo ha puesto de manifiesto la vicepresidenta autonómica durante su intervención en la segunda edición del congreso enfocado en la relación entre los tribunales y el tejido empresarial.
Inversión en personal, infraestructuras y justicia gratuita
Durante el encuentro, la máxima representante del Ejecutivo regional ha incidido en que el crecimiento económico y la estabilidad de los negocios requieren un marco de confianza donde los contratos se cumplan y los derechos queden salvaguardados. Para alcanzar este objetivo, las cuentas autonómicas contemplan 64,1 millones de euros destinados al gasto de personal, reflejando un incremento del 8,91 %. Asimismo, se han reservado partidas específicas para mejorar las condiciones laborales y los servicios prestados a la ciudadanía.
Entre las principales partidas destacan 1,2 millones de euros orientados a consolidar la nueva oficina judicial, 455.000 euros dirigidos al turno de guardias de los médicos forenses y cerca de 292.000 euros para nuevos puestos de apoyo fiscal. Además, se mantendrán los acuerdos con los colegios profesionales en materia de justicia gratuita y se destinarán 1,7 millones para reformar sedes e impulsar la modernización tecnológica.
Reclamación ante los recortes en plazas judiciales
Por otro lado, la dirigente autonómica ha aprovechado su intervención para alzar la voz contra las medidas adoptadas por otras administraciones que perjudican a la comunidad. En este sentido, ha censurado el recorte del 36 % en las nuevas plazas de jueces previstas para el territorio, reduciéndose de once a tan solo siete nombramientos.
“Continuaremos reclamando aquello que necesita nuestra comunidad y, muy especialmente, cuando las decisiones de otras administraciones son perjudiciales para nuestros ciudadanos”, ha recordado, haciendo hincapié en la importancia de atender las características geográficas y la dispersión demográfica. Finalmente, ha reivindicado el respeto absoluto a la independencia judicial como pilar democrático fundamental, recordando que ningún cargo político posee privilegios ante la ley.
Foto: Gobierno de Aragón
