El Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a una modificación en la normativa de transportes urbanos mediante un decreto ley de carácter urgente. Esta actualización normativa tiene como meta principal intensificar el control sobre los vehículos de arrendamiento con conductor, conocidos como VTC, que operan en entornos urbanos sin contar con el permiso municipal obligatorio.
Sanciones severas e inmovilización cautelar
Las penalizaciones económicas se han endurecido de manera notable. Aquellos operadores que realicen desplazamientos urbanos careciendo de la licencia exigida se enfrentarán a multas que oscilan entre los 5.001 y los 6.000 euros. Asimismo, los infractores reincidentes que hayan acumulado otra sanción muy grave en firme durante el año anterior podrán ser castigados con cantidades de hasta 18.000 euros.
La nueva regulación otorga a los agentes de vigilancia la potestad de inmovilizar de manera cautelar el automóvil en cuanto detecten evidencias de una actividad irregular, incluso antes de que se inicie el expediente formal. Para retirar dicha inmovilización, será obligatorio mostrar un permiso municipal en vigor o depositar una garantía de 6.000 euros, comprometiéndose a abandonar la localidad sin captar nuevos viajeros.
Definición del trayecto y moratoria
El texto legal detalla que el carácter urbano se mide exclusivamente por el recorrido. Si el trayecto transcurre por completo dentro de un término municipal o área de prestación conjunta, se requerirá la autorización local, incluso si la contratación se efectuó mediante una aplicación digital. La falta se considera cometida desde el inicio del viaje, con independencia de que este se interrumpa de forma prematura.
- Suspensión temporal de nuevas licencias interurbanas de VTC durante un plazo máximo de dos años.
- La moratoria se mantendrá hasta que se apruebe una futura ley autonómica para el sector.
- La medida afecta tanto a solicitudes inéditas como a expedientes que sigan en trámite o pendientes de resolución.
El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, resumió los tres ejes de la medida: endurecer las multas económicas, dotar a los agentes de mayor capacidad de actuación inmediata y suspender temporalmente las autorizaciones interurbanas de VTC. Según sus palabras, el objetivo final es «disponer de un marco normativo claro, estable y equilibrado que permita ordenar adecuadamente la actividad de todos los operadores, y hacerlo con seguridad jurídica, proporcionalidad y respeto a los derechos de todos».
Foto: Gobierno de Aragón