El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha reclamado formalmente al consistorio de Pedrola que desista del recurso contencioso-administrativo presentado contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) vinculado a la planta de baterías de Stellantis-CATL. En caso de persistir con esta vía judicial, el responsable autonómico ha solicitado que la regidora municipal abandone su puesto como número dos en la formación socialista regional o que la dirección del partido proceda a su destitución.
Peligro para la inversión y el empleo regional
Durante su intervención, el alto cargo autonómico advirtió que la iniciativa legal “puede dañar la confianza de los inversores en el mayor proyecto industrial de la historia de Aragón”. Esta gran actuación empresarial contempla una aportación económica de 4.100 millones de euros junto con la generación de más de 4.000 puestos de trabajo. Asimismo, se puso de relieve el papel estratégico de la planta para sostener el sector de la automoción en un momento clave de transición hacia los vehículos eléctricos, beneficiando ya a localidades vecinas mediante la llegada de industrias auxiliares.
Desde el Ejecutivo autonómico se ha recordado que el Ayuntamiento pedrolano únicamente presentó alegaciones de carácter energético durante el periodo de información pública abierto en agosto de 2025. En aquel momento, el consistorio mostró su conformidad con la actuación a pesar de ceder competencias urbanísticas y la recaudación de tasas locales como el ICIO, por lo que resulta incomprensible que ahora se argumente una supuesta invasión competencial o merma económica.
Disputas por viales y falta de comunicación previa
Respecto a los motivos esgrimidos por la alcaldesa Manuela Berges en relación con la falta de ciertas infraestructuras y un coste de 800.000 euros para el municipio, el consejero matizó que las rutas principales dependen de la A-68 y la A-122, gestionadas por el Estado y la administración autonómica. De los más de siete kilómetros que rodean el complejo industrial, únicamente un kilómetro pertenece al término municipal, un tramo que históricamente ha estado bajo la conservación del propio ayuntamiento.
Para finalizar, López lamentó la ausencia de diálogo previo con las autoridades autonómicas o con la compañía antes de formalizar un recurso que ya ha sido admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Recordando el apoyo estatal y europeo con el que cuenta la gigafactoría, el consejero apostó por la negociación para garantizar la estabilidad que requiere el tejido industrial aragonés.
Foto: Gobierno de Aragón
