El Consejo de Gobierno de Aragón ha dado luz verde a la interposición de un recurso contencioso-administrativo frente al Real Decreto 851/2026. Esta normativa estatal regula una partida de 180 millones de euros en subvenciones directas destinadas exclusivamente a aquellas regiones que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado. Desde la administración autonómica se critica que esta medida margina a los territorios que impulsan sus propias estrategias habitacionales sin aplicar dicha figura.
Objeciones jurídicas y reparto de fondos
La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero, ha señalado que la norma vulnera las competencias autonómicas en vivienda, carece de la justificación necesaria e infringe el principio constitucional de igualdad. Asimismo, ha lamentado que el dinero se distribuya de forma desigual entre unos pocos territorios, con una asignación muy superior para Cataluña frente al resto de comunidades beneficiarias.
Durante la misma reunión, el Ejecutivo ha tomado otras decisiones relevantes, como su personación en el Tribunal de Cuentas por el caso del Ayuntamiento de Aguarón para velar por el correcto uso de los fondos públicos. También se han aprobado fondos para reducir las listas de espera en dependencia y discapacidad, convenios para incentivar la prevención de adicciones en comarcas y municipios, y actuaciones en infraestructuras viarias y sanitarias en distintos puntos del territorio aragonés.
Foto: Gobierno de Aragón